La XXIII Legislatura no estuvo obligada a verificar la legalidad del contrato: Molina.
Mexicali. La dirigencia del PAN en Baja California dio a conocer que buscará juicio político contra los diputados locales que hace un año aprobaron el permiso para que el gobierno firmara el acuerdo con la firma Next Energy, la planta fotovoltaica que abastecería de electricidad el acueducto Río Colorado-Tijuana.
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) blanquiazul, Mario Osuna Jiménez, señaló que el contrato para este proyecto fue leonino y solo presentaba beneficios a los mismos socios de la firma privada. De haberse aprobado, sostuvo, hubiera sido un golpe al erario del estado.
“Nosotros vamos a ir presentando juicio político en contra de estas diputadas y estos diputados que dieron origen y le dieron el respaldo al anterior gobierno del estado.”
Los legisladores señalados, y que serían sujetos a este procedimiento, son Juan Manuel Molina García, Monserrat Caballero Rodríguez, Claudia Agatón Muñiz, Julia Andrea González y Julio César Vázquez Castillo, Elí Topete Robles y Miguel Ángel Bujanda
También están en la lista los legisladores Ramón Vázquez, Eva Rodríguez, Mary Villalobos, María Trinidad Vaca Chacón, Efrén Moreno y Evangelina Moreno.
Osuna Jiménez manifestó que el partido esta de acuerdo con los procesos que inició la actual administración en contra de sus antecesores, pero “se tardaron” en hacerlo, pues ellos mismos ya habían realizado estos señalamientos desde que se aprobó el dictamen en la pasada Legislatura.
No era obligación de la XXIII Legislatura, afirma Molina
En respuesta a las acusaciones hechas por el partido opositor, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Juan Manuel Molina García, justificó su actuar y el de sus compañeros en ese momento, pues los legisladores locales que aprobaron que la administración de Jaime Bonilla Valdez firmara dicho contrato, no estaban obligados a conocer si documento era ilegal o no, ya que eso correspondía a la administración estatal, aseguró.
El papel de los diputados en ese entonces, argumentó, era analizar si el contar con una proyecto de autoabastecimiento energético propio como el que se proponía era benéfico para el estado, lo cual era obvio a todas luces.
Si era legal o ilegal era tarea de las dependencias estatales involucradas, dijo.
El legislador del partido en el poder, MORENA, apuntó que así como los adheridos al PAN se encuentran quejándose, debieron hacerlo cuando se discutieron y aprobaron los contratos de Asociación Público-Privada (APP) durante el sexenio de Francisco Vega de la Madrid, que desde su punto de vista si eran mas dañinos que el de Next Energy.
