Ocho mil elementos policíacos y de custodia penitenciaria hicieron historia este viernes. Desde Mexicali, exigieron este viernes por la vía legal, que el Ayuntamiento haga efectiva la protección que por ley les corresponde, precedente que buscan se extienda en todo Baja California, y que los gobiernos estatal y municipales no han querido aplicar desde hace dos años y medio.
Vistiendo su uniforme de la Policía Municipal de Mexicali, Alejandro Monreal Noriega, representando a las trece asociaciones unidas de policías de Baja California, acudió la tarde de este viernes al edificio del Poder Judicial Federal, a entregar una demanda de amparo contra el XXIII Ayuntamiento de Mexicali, señalándolo de no crear el reglamento correspondiente que les dote de seguridad social a los policías, tal y como lo señalan las reformas a la Ley aprobadas para este fin por el Congreso del Estado el 10 de noviembre del 2017, disposiciones que a la fecha han sido ignoradas y que, de no haber sido así, estarían respaldando a los agentes enfermos por COVID-19 y otros padecimientos a lo largo de este tiempo.
Quien fuera el primer Director de Seguridad Pública Municipal emanado de las filas de la propia dependencia -y el único hasta la fecha- dijo que como consecuencia del desdén de las autoridades, los cerca de 8 mil elementos que ofrecen sus servicios en Baja California, carecen de un respaldo, pese a que su labor es de riesgo constante.
Esta reglamentación debería incluir licencias con remuneración al 100% al contraer cualquier enfermedad profesional ante las amenazas de enfermedades por contagios físicos, químicos y biológicos, enfermedades como la tuberculosis, hepatitis, VIH, influenza , y que hoy en día sería un gran apoyo para aquellos elementos que están padeciendo COVID-19.
Fue responsabilidad del hoy ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, y de los entonces Presidentes Municipales, haber hecho realidad estos cambios a la Ley que a la fecha no se han dado en la práctica. De haber sido así, hoy los quince policías que ya han muerto durante la pandemia en Baja California -11 en Tijuana y 4 en Mexicali- habrían tenido un apoyo que se merecían por humanidad y por ley.
Sin embargo, señaló Monreal Noriega, quien en la actualidad está comisionado a una patrulla de barrio, cuando un agente se contagia de alguna enfermedad mientras labora, se le da una indemnización del 60% y no se les hace válido el permiso por el riesgo laboral. Ni hablar de las becas que les deberían dar a los hijos de los policías caídos en el cumplimiento de su deber y de los gastos funerarios que deben ser pagados en su totalidad.
El jueves anterior, elementos de Tecate expresaron su rechazo a la falta de apoyo por parte de sus autoridades del Ayuntamiento, dándoles la espalda durante la despedida de dos de sus compañeros que murieron en el cumplimiento de su deber.
Aunque los discursos de las autoridades municipales señalan que se les apoyará en todo momento a sus familias, los agentes preventivos de dicho municipio carecen de servicio médico desde diciembre pasado.
Otro caso es el de los policías de Ensenada, quienes por la situación que se está viviendo en dicho municipio, exigen a sus mandos se les permita portar sus armas de cargo las 24 horas del día.
Mientras tanto, en Mexicali, las protestas de agentes municipales se han hecho patentes ante la falta de atención médica, medicinas y tratamientos contra el COVID-19 y la insensibilidad de algunos mandos.
Apenas este viernes, en un sencillo homenaje realizado en el área de remisiones de la Comandancia de Policía de Mexicali, es decir, por donde son ingresados los detenidos, se le brindó el último adiós al agente René Moore Gómez, fallecido por Coronavirus. No asistió la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda, ni algún representante; solo la directora de la corporación, María Elena Andrade Ramírez y parte del cuadro de mando.
¿Quiénes son y qué piden?
Se calcula en cerca de 8 mil los agremiados a las asociaciones, clubes y fraternidades que se han sumado a esta unión estatal de mujeres y hombres que trabajan por la seguridad de los bajacalifornianos.
Entre las agrupaciones policíacas y de custodia penitenciaria que se están sumando a este amparo, se encuentran:
- Asociación Héroes de Mexicali.
- Fraternidad Policíaca de Mexicali.
- Asociación de Policías Municipales de Tijuana.
- Asociación de Policías Municipales de Ensenada.
- Asociación de Policías Penitenciarios de Mexicali
- Asociación de Policías Ministeriales de Mexicali.
- Asociación Municipal de Policías Activos y Comerciales de Tijuana.
- Asociación Profesional de Investigadores y Afines de BC.
- Grupo de Ministeriales Unidos de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate.
- Grupo Unido Ministeriales de Ensenada.
- Colegio del Policía y Fuerza Pública Profesional.
- Comité de Policías Jubilados, Pensionados y Viudas.
- Grupo 02-01.
Sus exigencias no van más allá de lo que la Ley señala. Entre ellas, está la de ser respaldados por un sistema de seguridad social que le permita incorporar como derechohabientes a familiares y dependientes, como sucede con cualquier trabajador en México.
También solicitan tener derecho a un periodo vacacional con goce de sueldo, recibir una prima no menor del 55 % sobre los salarios que correspondan durante el período vacacional, adicional a su sueldo, así como un aguinaldo.
Los agentes también piden lo que muchas veces se les ha prometido desde las campañas políticas: ser sujetos de crédito a vivienda, recibir prótesis gratuitas en caso de sufrir la amputación de alguna parte de su cuerpo, en el cumplimiento de su deber, tratamiento psicológico o psiquiátrico gratuito, licencias con derecho a remuneración por accidentes y enfermedades profesionales, enfermedades no profesionales, maternidad y paternidad, así como un seguro de vida.
Los elementos policíacos de este gran frente están exigiendo además la compra de sus uniformes y un apoyo para los gastos de sus familiares, que antes dotaba, en el caso de la Policía Municipal de Mexicali, el extinto Patronato Alanza Empresarial.
Entre la lista de los derechos a atender para los policías además está la asistencia jurídica gratuita, cuando el elemento lo requiera en caso tratarse de un evento relacionado con el cumplimiento de su deber.
Antes de entrar a entregar el amparo, Monreal Noriega lamentó: “Si hubiera hecho la tarea el Gobierno del Estado en el 2017 y los Ayuntamientos, estuviéramos protegidos…y los actuales ayuntamientos llevan ocho meses y no han querido poner atención en este tema”.
Y dijo: “Ya son seis muertes en el cumplimiento del deber, más otros quince por COVID-19 durante la actual administración.”
Estamos trabajando nada más en un derecho que nos asiste, después de dos años seis meses de haber esperado, una justicia social para nuestras familias, nada más es lo que pedimos”, mencionó desde la escalinata del Palacio de Justicia Federal.
