El Gobierno de México inició el reparto de 300 mil pruebas PCR para detectar casos de Coronavirus COVID-19 entre la población de los distintos estados, por lo que en las próximas semanas, y se espera que este número hasta se amplíe hasta llegar a las 560 mil.
Se trata de un cambio radical para uno de los gobiernos que, a nivel mundial, menos pruebas había hecho por millón de habitantes, solo detrás de India, para detectar casos de esta enfermedad, señala EL PAÍS.
En la fase 1 de la epidemia, la administración de Andrés Manuel López Obrador repartió únicamente 9 mil 100 pruebas, es decir, menos de 300 por cada una de las 32 entidades del país.
Sin embargo, la presión de gobernadores y de los especialistas en salud, en contra del criterio del portavoz encargado del combate al coronavirus, el subsecretario Hugo López-Gatell, hicieron corregir el rumbo a la Administración federal, que durante semanas había restado importancia a este tipo de pruebas.
El cambio de postura llegó después de que el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, celebraran el miércoles una videoconferencia con once gobernadores. Muchos de los mandatarios locales llevaban semanas reclamando al Ejecutivo federal que impidiera la importación de este tipo de pruebas, compradas por ellos pero bloqueadas por la autoridad sanitaria federal por carecer de permisos.
“Los gobernadores han presionado con éxito”, reveló una persona presente en la conferencia a EL PAÍS. El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) será el encargado de repartir las pruebas a los servicios estatales que no tengan pruebas en sus depósitos e inventarios.
Las pruebas llegarán en diferentes cargamentos provenientes de China, Estados Unidos y Europa. El tipo utilizado será la PCR (reacción en cadena polimerizada por sus siglas en inglés), un test molecular que detecta el material genético del virus.
El Gobierno emanado de MORENA se había mostrado renuente a aumentar su aplicación. López-Gatell había insistido en más de una ocasión que no eran lo más importante, pese a que países como Corea del Sur o Alemania, que han hecho innumerables, habían contenido la velocidad de propagación del virus. “Reto a cualquiera a que me dé una colección razonable de artículos científicos o simplemente técnicos que muestren cuál es el rendimiento de esa intervención”, aseguró en una entrevista a este diario a finales de marzo.
López-Gatell defendió la estrategia del Gobierno de México a partir de la vigilancia epidemiológica, conocida como Centinela, que utiliza, como si se tratara de una encuesta, los datos de 375 unidades de salud para realizar una estimación de casos. De momento, México ha confirmado 194 muertes y 3.441 positivos, pero el sistema Centinela calcula que los contagiados pueden ser ocho veces más y calcula que, al menos hasta este viernes, podría haber 26.000 casos de contagio. Este sistema, defiende el subsecretario de Salud, permite a partir de la estimación de casos adoptar una serie de medidas como las que ha puesto en marcha el Gobierno de México. La medición, no obstante, no tiene nada que ver con la aplicación de las pruebas, que, según los países que las han aplicado en masa, podrían ayudar a contener la propagación.
El lunes, un grupo de nueve gobernadores opositores pidieron a López Obrador no minimizar la emergencia sanitaria. Entre las cinco exigencias que hacían a la Administración federal se encontraba la aplicación de más pruebas moleculares. “Ha sido una demanda reiterada insatisfecha”, aseguraba el documento, que también solicitaba un inventario “verídico” de la capacidad hospitalaria, mascarillas y ventiladores y presupuesto suficiente para hacer frente a la contingencia. El documento estaba respaldado por los gobiernos de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán, todos ellos del PAN.
