MEXICALI. La CFE debe retomar su rumbo perdido y cumplir con su cometido constitucional de garantizar la continuidad del suministro de energía eléctrica, ante diversos apagones que se han presentado a lo largo de la presente administración y que afectan a los ciudadanos, manifestó la senadora por Baja California Gina Andrea Cruz Blackledge.

La legisladora por el PAN, presentó un punto de acuerdo a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, para que exhorte respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad para que garantice la continuidad del servicio de energía eléctrica en el municipio de Mexicali y lleve a cabo las acciones necesarias para fortalecer la infraestructura eléctrica para poner fin a los apagones que afectan a la ciudadanía.

Gina Cruz expuso que se han presentado apagones en el municipio de Mexicali, como el de junio de este año que afectó tanto a habitación, como a comercios, estaciones de radio, clínicas y hospitales que no cuentan con generadores de respaldo.

También se ha presentado otro apagón en la capital de Baja California en julio de este año que afectó a varias colonias durante más de 36 horas al poniente de la ciudad, así como recientemente apagón provocado por la tormenta tropical Hilary, por las cuales residentes de la periferia de la ciudad y del Valle de Mexicali, han hecho bloqueos de protesta porque han durado más de 75n horas sin luz.

“Estos apagones rompen con el criterio de continuidad y seguridad previstos en la Ley y en la mal llamada e ideologizada Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, la cual fue invalidada en aspectos fundamentales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya que invade las facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica, viola el derecho de libre competencia y da una ventaja indebida a la Comisión Federal de Electricidad.

“Es indispensable que la CFE retome el rumbo perdido, el de la profesionalización y la transparencia y más importante aún que cumpla con sus mandatos constitucional y legales.

“Los apagones son una señal clara de la abierta irresponsabilidad de un gobierno irresponsable e insensible”.

Gina Cruz expuso que los costos asociados a los apagones son difíciles de cuantificar, pero la posibilidad de que se pierda una sola vida humana, en una clínica o en una vialidad por falta de un servicio que el Estado está obligado a prestar, es criminal e inhumano.

La Ley de la Industria Eléctrica, expedida en agosto de 2014 prevé como mandato, en su artículo 1 segundo párrafo: “promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal, de Energías Limpias y de reducción de emisiones contaminantes”.

Este párrafo contiene un mandato indelegable para el Estado mexicano y ofrece los criterios bajo los cuales tiene que prestarse el servicio en todo el país, sin excepción alguna: Continuidad: la continuidad de un servicio público conlleva la prestación permanente del mismo, para lo cual deben tomarse las acciones necesarias para que éste nunca se interrumpa.

Todos estos principios han sido violados de forma reiterada por una política energética retrógrada, que apuesta por energías contaminantes y con mínimas inversiones, aseveró Gina Cruz.

Los efectos adversos de esta política son visibles en el municipio de Mexicali.

La Comisión Federal de Electricidad se encuentra hoy ante una auténtica parálisis administrativa motivada por la negativa a dar nuevos permisos y porque al desalentarse la inversión privada en la generación de energía, se frena la generación de energías renovables lo que además de afectar la continuidad del servicio puede aumentar los costos con efectos adversos para la economía personal y familiar.

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