TIJUANA. La diputada Alejandrina Corral Quintero presentó una denuncia ante la FGR contra el Secretario de Salud federal, por haber mandado a Baja California medicamento próximo a caducar.
Acompañada por el dirigente del Comité Directivo Estatal del PAN en Baja California, Mario Osuna Jiménez; Rubén Armenta Sanabia, coordinador jurídico del Acción Nacional en la entidad, así como por el licenciado Francisco Moreno, secretario Técnico de la Coordinación Nacional de Diputados Locales del CEN panista, la legisladora local acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar la denuncia penal en contra de Jorge Alcocer Varela, por la adquisición y distribución de medicamentos que caducaron en almacenes en Baja California.
La coordinadora del GPPAN en Baja California, detalló que, a través de declaraciones hechas en eventos oficiales y en comparecencia ante el Congreso del Estado, el titular de la Secretaría de Salud de la entidad, José Adrián Medina Amarillas, hizo público que durante la actual administración estatal habían caducado medicamentos con valor de al menos 188 millones de pesos, lo cual es muy grave.
Asimismo, la legisladora en el estado agregó que el funcionario de salud estatal reveló que los fármacos caducados eran de alta especialidad y que únicamente se utilizan en hospitales de tercer nivel.
Alejandrina Corral añadió que estas medicinas fueron compradas y distribuidas a la dependencia de Salud por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), sin embargo, Baja California no cuenta con algún hospital de tercer nivel, por lo que el secretario reconoció que esos lotes se adquirieron a nivel federal a sabiendas de que no podrían ser empleados en la entidad.
Es con base en la anterior que la diputada Alejandrina Corral, presentó una denuncia por los delitos de Ejercicio Ilícito de Servidor Público, Coalición de Servidores Públicos, Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, así como los demás hechos emanen en contra de Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud del Gobierno Federal y/o quienes resulten responsables del agravio hecho a los bajacalifornianos y al Erario Público Federal.
