Seguramente debió haberle parecido muy gracioso al secretario de Salud Óscar Alonso Pérez Rico, la manera en que despidió su transmisión esta mañana el gobernador de Baja California Jaime Bonilla, haciendo una referencia al Semanario Zeta. La sonrisa se le vio de oreja a oreja.
Bonilla ha convertido los espacios de difusión del Estado en una plataforma de manipulación de la información oficial a conveniencia, y en herramienta de ataque sistemático para aquellos que lo cuestionan, critican, o piensan diferente a él. Entre sus objetivos se incluyen miembros de la clase política, y muy en particular medios de comunicación que no le son afines.
Siguiendo una línea similar que la que ha marcado el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el funcionario agrede y genera animadversiones sin miramientos, dedicando buena parte de sus transmisiones a fortalecer su discurso, dejando por fuera muchísimos otros temas de real interés entre la población.
Bonilla dejará el cargo el próximo año, luego de la resolución de la Suprema Corte de la Nación, que no le permitió, a través de una intentona anticonstitucional del Congreso del Estado, prolongar su estadía en el poder.
Sin embargo, dejará a Baja California con una serie de temas sin resolver, en prácticamente todos los rubros. Y a ello habrá que agregarle una fuerte deuda adquirida por el gobierno estatal, que ha sido objeto de la atención de la evaluadora Fitch Ratings el pasado 18 de junio.
Fitch Ratings dio una calificación al estado de Baja California en ‘BBB+(mex)’ con perspectiva negativa. Señalan que al 31 de julio de 2019, el estado liquidó sus compromisos financieros de corto plazo en cumplimiento con la LDF, pero la administración actual contrató 3 mil millones de créditos de corto plazo, que deberán quedar saldados en 2021.
Esos y otros temas como la aún no solucionada situación del Issstecali, están entre las preocupaciones financieras del estado; y con el COVID-19 en el escenario las cosas no pintan bien.
Pero estos asuntos quedan fuera de su discurso ante las cámaras, optando por dar pie a largas diatribas contra quienes lo ponen en aprietos, sean funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o de Caufe, tras el reciente conflicto de la caseta de peaje de Playas de Tijuana; o sus constantes críticas, y actitudes que encajan en la violencia de género, contra la Alcaldesa de Tecate; o como en este último caso contra el Semanario Zeta, cuyo trabajo como medio informativo es justamente señalar las deficiencias y actos de corrupción de funcionarios públicos.
Los efectos y percepción de la población ante tales formas de discurso por parte de Bonilla tienen un fuerte impacto, provocan la polarización de opiniones, y generan actitudes negativas hacia los personajes aludidos.
¿Hasta dónde llegará este funcionario con su discurso de odio?.
