Debido a que la Secretaría General de Gobierno (SGG) de Baja California no desembolsa 16 mil dólares para la adquisición de la licencia del software necesario, desde el 2014 el estado no cuenta con un Atlas de Riesgo actualizado para detectar zonas peligrosas en caso de desastres naturales como inundaciones o terremotos.
El titular de la Dirección Estatal de Protección Civil, Antonio Rosquillas, indicó que desde hace cuatro años se concluyeron los estudios para conformar y recabar la información que se conjunta en dicho documento, que básicamente es un mapa interactivo en el que la población directamente podrá buscar datos geográficos donde se señalan las zonas de riesgo en cada uno de los municipios.
Sin embargo, por la falta de disposición en la SGG de desembolsar la bolsa, ligeramente a los 300 mil pesos, no se ha podido adquirir el software ArcGIS, producto dentro de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) que funciona para la localización de puntos geográficos exactos, crea mapas profesionales y realiza análisis espaciales tradicionales y avanzados.
Actualmente los ciudadanos que desean consultar dicha información para conocer si sus viviendas son vulnerables a algún fenómeno natural, o si lo son su lugar de trabajo o la escuela de sus hijos, o si algún empresario constructor que desea inicia un proyecto quiere informarse sobre dichos datos no pueden hacerlo más que en lo atlas municipales, los cuales están desactualizados. Con excepción de Tecate, donde ni siquiera existe dicho documento.
El director de Protección Civil estatal sostuvo que ya existe la indicación por parte de la SGG para adquirir la licencia del programa de cómputo, por lo que de seguir el protocolo de adquisiciones de este tipo en un par de meses se podría poner en funcionamiento el atlas de riesgo estatal y que estén en funcionamiento para el público en general.
Este documento, explicó el entrevistado, brindará información sobre riesgos derivados de tres aspectos medulares: riesgos sismológicos, riesgos hidrológicos y riesgos químicos, estos últimos debido a las empresas que manejan sustancias peligrosas en sus procedimientos o las instalaciones de paraestatales del rubro de hidrocarburos.
