En una sesión no anunciada realizada el pasado sábado 09 de septiembre, diputados miembros de la Comisión de Hacienda del Congreso de Baja California aprobaron un nuevo proyecto en modalidad Asociación Pública-Privada (APP), la cual generaría una deuda de 69 millones de pesos anuales durante diez años para el estado.
La inicialista de la propuesta en que se solicitó la aprobación de este proyecto APP y presidenta la Comisión, Iraís Vázquez, descartó que la sesión y la presentación de la propuesta no fue “en lo oscurito” como algunas personas lo han querido hacer ver, sino que se trató de un tema que todos en el Congreso conocieron.
Lo anterior en relación a lo expresado por el diputado presidente de la mesa directiva de la actual Legislatura, Benjamín Gómez del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien aseguró que nunca se conocieron los detalles de dicho proyecto. Por ello, aseguró que no se permitiría que la discusión y votación para aprobarla en pleno de la sesión ordinaria de este miércoles 13 de septiembre, esto a través de la bancada tricolor encabezada por Alejandro Arregui Ibarra.
Apuntó que la iniciativa no se votará en la sesión de esta media semana, sino que se someterá a un nuevo análisis parlamentario por parte de PRI y tal vez alguna otra fuerza política, por lo que su discusión en el pleno no será este miércoles.
El Presidente del Congreso local indicó que antes de cualquier proyecto público privado que endeude a la entidad, se debe de investigar en que se han utilizado los 1 mil 650 millones de pesos que la federación ha destinado solo este año a Baja California en ramo de seguridad.
Mientras que la legisladora panista dijo que sí se realizó el trabajo parlamentario necesario, incluso incluyendo en algunas de las reuniones de análisis la participación de personal de la Secretaría General de Gobierno (SGG) que visitó el Congreso del Estado para trabajar en la iniciativa.
La diputada panista apuntó que de aprobarse el contrato APP, el cual es plurianual, el estado pagaría por servicios de más de 400 cámaras de vigilancia, más de 20 arcos de seguridad y 10 mil botones de vigilancia, además de varios kilómetros de fibra óptica. Argumentó que al final el estado podría quedarse con toda esta infraestructura, al contrario, si la empresa incumple con algún punto del contrato, el gobierno estatal podría dar por concluido el convenio sin tener que pagar ya la renta y servicio de todo el equipamiento.
