Mexicali, Baja California.- Los temas relacionados a los derechos de la comunidad de la diversidad sexual fueron los que generaron más expectativa durante el segundo debate de candidatos a la Gubernatura de Baja California, celebrado la noche de este domingo.
Con la ausencia de la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, los candidatos Guadalupe Jones Garay, de la coalición Va por BC; Victoria Bentley Duarte, del partido Redes Sociales Progresistas (RSP); Alcibiades García Lizardi, del partido Movimiento Ciudadano (MC); Carlos Atilano Peña, del Partido de Baja California (PBC); Jorge Hank Rhon, del Partido Encuentro Solidario (PES); y Jorge Ojeda, del partido Fuerza por México, tocaron temas en torno a este rubro.
El abanderado del PBC fue el que primero y abiertamente se pronunció a favor de darle certeza legal a las uniones civiles de parejas del mismo sexo, la adopción es de esas mismas parejas, el aborto en instituciones de salud pública y que se aborden esos temas en aulas del sistema de educación del estado.
Apoyando esto le siguieron los candidatos de MC y RSP. En el caso de la abanderada de Va por BC, que conforman los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), se dijo primero a favor de todos esos temas, pero después afirmó se requieren ciertos candados. Por ejemplo, en el caso de la educación pública pidió considerar que los menores no cuentan con el desarrollo cognitivo necesario para abordar la temática.
En ese mismo sentido se pronunció el candidato del PES, aunque en su caso aseguró apoyará lo que la ley a nivel nacional marque entorno al aborto y a los matrimonios y adopciones de parejas del mismo sexo.
En la atención posterior a representantes de medios de comunicación los candidatos tuvieron coincidencia en dos temas muy actuales: revertir el procedimiento de expropiación del Club Campestre de Tijuana e iniciar una investigación sobre el destino de los 3 mil millones de pesos de deuda que el Congreso del estado le autorizó al gobernador, Jaime Bonilla.
En el caso de Bentley Duarte incluso expresó la posibilidad de iniciar un proceso legal contra el endeudamiento en caso de comprobarse que se utilice para gasto corriente, como el pago a maestros.
