La Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano calificó de inconstitucional la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de autorizar la interrupción legal de embarazo para niñas y mujeres víctimas de violación en todo el país, y anunciaron acciones de resistencia civil a nivel nacional en contra de la misma SCJN y de todo organismo que busque violentar la vida, la familia y la constitución así como impulsar la ideología de género.
“Todos los que hemos puesto el valor de la vida por encima de cualquier tipo de interés nos expresamos hoy gravemente afectados por la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, señalan en un comunicado en respuesta. “La determinación del máximo órgano de justicia de la nación que autoriza la inexistente interrupción legal del embarazo para niñas y mujeres víctimas de violación es completamente contraria a la Constitución y a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos por México”, menciona el organismo aglutinante de asociaciones religiosas.
En su mensaje, señalan que es antijurídico “e incluso irracional que en un régimen de derecho como el nuestro se pueda pensar, que basta con la sola solicitud de la víctima de un delito, sin verificación del hecho delictivo, para proceder legalmente, en este caso, a practicar un aborto”.
Y añaden: “Ahora resulta que para la SCJN ya no existe la Constitución, o cuando menos eso hacen ver con sus expresiones respecto de la denominada NORMA 046. Y expresamos lo anterior, porque ahora no sabemos dónde quedaron: El principio de presunción de inocencia para el bebé por nacer, la obligación constitucional de esclarecer los hechos”.
Además cuestionan: “De qué lado está la Suprema Corte , cuando ante la repugnante y cobarde Violación de una niña o de una mujer, busca primero practicar el aborto, desechando precisar y salvaguardar las pruebas necesarias para que se construya una sólida acusación y se logre un castigo ejemplar”.
Con ello, insisten, se pone en grave riesgo el principio de acceso a la justicia y todos los derechos correlativos al procesamiento y sanción de responsables de este tipo de delitos, representando además un “ataque directo a los postulados constitucionales del Nuevo Sistema de Justicia Penal, recientemente implementado.
“Es un acto de barbarie, sobre todo para la victima de este tipo de delitos como lo es la violación, pues con esta interpretación y determinación ya no habrá a favor de las víctimas el cumplimiento al derecho a recibir asesoría jurídica y ser informados de las condiciones de prerrogativas que establece la constitución”.
Además, señalan que se pone en riesgo la posibilidad de recabar datos y elementos de prueba para que el Ministerio Publico desarrolle en forma debida y correcta la investigación porque fue primero el aborto, además que se pone en riesgo un examen médico que permita científicamente obtener datos probatorios o medios de prueba que ayuden a determinar quién es el responsable.
“Esta situación solo nos lleva a pensar que la apuesta del máximo órgano de justicia del país es porque cada quien se haga justicia por su propia mano”, enfatiza el documento.
Además, cuestionan si la SCJN abre con ello la puerta a la práctica del aborto legal, debido a que solo será necesaria la solicitud por escrito y que el hospital no esté obligado a verificar el dicho de la víctima.
“Es absolutamente necesario que todos ustedes conozcan estos argumentos ante esta decisión de la Suprema Corte que viene a lesionar gravemente a las instituciones y principios constitucionales…Porque la vía más idónea para revertir esta resolución será y es que conozcamos puntualmente cuales son los bienes jurídicos que se afectan para el caso: la vida y la justicia, el sistema de justicia penal y sobre todo un principio del mismo como lo es la reparación del daño, la protección a datos personales, el resguardo de identidad, la restitución de derechos afectados ante este delito que precisan el castigo ejemplar al responsable”, agrega el comunicado.
