Un incidente violento registrado el pasado fin de semana entre grupos antagónicos que se disputan la casta de cobro de “La Encantada”, activó las señales de alerta ante la toma de casetas por ciudadanos que desde hace meses permanecen en estos sitios, lo cual, además representar un delito, ofrece inseguridad par quienes viajan por las rutas federales.
El gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, hizo un llamado urgente a las autoridades correspondientes a poner orden en las casetas de cobro que actualmente están dominadas por “sedicentes líderes sociales que alegan defender el libre tránsito y lucran para su beneficio personal”.
Al final de la reunión de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección Ciudadana, el secretario técnico de Bonilla, Isaías Bertin, reveló que ya están revisando varias de las carpetas de investigación iniciadas en relación a esa irregular e ilegal situación.
Coincidió en que es “preocupante” lo ocurrido la tarde del pasado viernes, en la caseta de la carretera Playas de Rosarito-Ensenada, a la altura de playa “La Encantada”, donde hubo un violento enfrentamiento entre grupos contrarios.
Este tema fue comentado y revisado en sus efectos durante la reunión matutina a la que asisten titulares de fuerzas policiales, militares y navales, para coordinar las acciones que garanticen seguridad, tranquilidad y protección a la ciudadanía de Baja California.
Sabido es, por los reportes de diferentes fuentes, que al mediodía del viernes 2 de agosto en curso, dos grupos de personas se enfrentaron con piedras y palos para disputarse la caseta de cobro en el mencionado sitio, al sur del municipio de Playas de Rosarito.
Una de las versiones publicadas en medios locales, apunta a que uno de los grupos es encabezado por quien se identifica como Miguel Mendoza y, el otro, por Guadalupe Maldonado; el primero alega que defiende los derechos de personas de la tercera edad y el otro solamente busca su beneficio económico personal.
Una de las versiones publicadas en medios locales, apunta a que uno de los grupos es encabezado por quien se identifica como Miguel Mendoza y, el otro, por Guadalupe Maldonado; el primero alega que defiende los derechos de personas de la tercera edad y el otro solamente busca su beneficio económico personal.
El violento incidente obligó la intervención directa de elementos de las policías municipal y federal asignada en esa zona costera, por ser hechos que afecta a los actores mismos del enfrentamiento, pero también a conductores de vehículos que transitan y pasan por esa caseta de cobro en la autopista.
Como resultado del análisis del tema en la Mesa Técnica de Coordinación, fue tomado el acuerdo de revisar las carpetas de investigación ya iniciadas de otros incidentes y agregar este nuevo, para proceder legal y judicialmente contra quienes han hecho su oficio la “toma” de dichas casetas.
Lleva la clara intención de fincar responsabilidades a quienes serán vinculados al delito de “Ataques a las Vías Generales de Comunicación” contemplado en el artículo 6º. Del Código Penal Federal y otros en los que se comprobará que han incurrido los involucrados en esta práctica ilegal.
