Agricultores del Valle de Mexicali no han dado por perdida la lucha que emprendieron contra la firma del acta 323 que en septiembre pasado fue firmada por México y Estados Unidos a través de sus representantes en el Comité Internacional de Límites y Aguas (CILA) y con el que se regirán las entregas de agua del Río Colorado por los próximos nueve años.
Las desventajas que acusan los agricultores de la capital del Estado tienen que ver con la posibilidad de que se recorten los volúmenes de agua para México si las entidades que conforman la cuenca del Río Colorado del lado estadounidense se ven en la necesidad de más de este recurso y el intercambio de cantidades del vital líquido en posesión de productores mexicalenses por tecnología y equipo agrícola. Este último punto es el que sería voluntario.
Por ello Rigoberto Campos González, representante del Comité en Defensa del Agua del Valle de Mexicali, dio a conocer que en los próximos días se realizará en Ciudad de México un encuentro entre científicos de ambos países para analizar el documento ya que entre los firmantes no hubo un análisis real de las consecuencias que traería en la cuenca las decisiones que contiene el acuerdo.
Explicó que la información que obtengan del encuentro científico servirá para la integración del amparo que se prepara por parte de productores contra el acta, recurso legal fundamentado en la omisión que tuvieron autoridades del gobierno mexicano y, principalmente, del Distrito de Riego 014, al no notificar de manera fehaciente a los comisariados ejidales sobre el documento.
El entrevistado sostuvo que para la firma del acta 323 se tergiversó la ley, ya que quien firmó “por parte” de los agricultores del Valle de Mexicali fue el presidente de la Sociedad de Módulos de Riego, Leonardo Gaspar Blanco, cuando este ente sólo tiene en concesión los volúmenes de agua para administrarlos para riego y conservación de la red hidráulica, pero no cuenta con la autoridad para comprometer el recurso al grado que se hace con el acta.
Este hecho fue el que sirvió para ampliar el plazo, de diez días originalmente, para ampararse contra la implementación del acta que fue firmada el 27 de septiembre pasado en Santa Fe, Nuevo México. Esto sin la presencia de comisariados ejidales del Valle de Mexicali, que según el tratado de 1944 vigente hasta el momento, son los verdaderos posesionarios del agua.
“Si hay una verdadera posibilidad de echar abajo el acta. A parte el mismo documento lo dice, es voluntario someterse a algunas de sus condiciones. Entonces voluntariamente no vamos a querer”, finalizó Campos González.
