EL PAÍS

México llega a fin de año con los pies atrapados en los eventos violentos de octubre y noviembre. Este domingo mismo, varios enfrentamientos entre policías y presuntos delincuentes en Coahuila, en el norte del país, dejaron 21 muertos, cuatro de ellos agentes estatales. Es solo el último episodio de este bimestre negro, que cuenta sus semanas por matanzas, emboscadas y asesinatos múltiples.

Las masacres de Sonora —nueve asesinados, entre ellos seis niños—, Guerrero —15 presuntos delincuentes muertos en una balacera con el Ejército— y Michoacán —13 policías acribillados—, el goteo incesante de asesinatos de mujeres y jóvenes, y los sonrojantes errores en el operativo fallido de Culiacán contra el hijo de El Chapo Guzmán ilustran las dificultades del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para imponerse en amplios territorios del país. El único dato positivo de estos meses es que los asesinatos han dejado de crecer y se han estabilizado a razón de 2.900 o 3.000 al mes. La duda ahora es saber si se trata de un espejismo o por el contrario de un patrón sólido, en vías de consolidarse.

Este domingo, al celebrar el primer año de Gobierno, López Obrador festejó lo que considera un “cambio de paradigma” en la política de seguridad. El presidente aseguró que la violencia que padece el país se originó el 2 de febrero de 2007, cuando el presidente Felipe Calderón (2006-2012), en un evento en el Estado de Michoacán, ordenó al Ejército salir de los cuarteles para enfrentar a los cárteles. “El alto mando militar le decía a los oficiales: ‘acábenlos y nosotros nos encargamos de los derechos humanos’. La mejor prueba es que ese sexenio ostenta la mayor letalidad en combate desde la Revolución”, dijo el mandatario. Y citó las cifras de los 1.800 enfrentamientos registrados entre 2010 y 2011, que dejaron 231 heridos pero cerca de 2.500 muertos. “Esa absurda y desquiciada estrategia no se repetirá jamás”, anunció el presidente desde el Zócalo capitalino.

Antes de asumir la presidencia, a finales de 2018, López Obrador anunció que su plan para atajar la violencia apuntaría por un lado a las causas, la corrupción, la falta de oportunidades y calidad en la educación y el empleo y el acceso a la salud. Por otro lado, explicó, su Administración reformularía la guerra al narcotráfico de Calderón. Con los programas sociales, dijo López Obrador, enfrentaría las causas. Ante el fracaso de los Gobiernos anteriores en materia de seguridad, añadió, su plan era crear una nueva corporación: la Guardia Nacional.

El nuevo cuerpo sustituiría así a la Policía Federal, con el apoyo de las policías militar y naval. Su advenimiento generó una ola de críticas de organizaciones de la sociedad civil, que veían en ese proyecto una militarización encubierta de la seguridad pública. Pese a las críticas, López Obrador impuso su criterio y el Congreso aprobó la creación de la Guardia. Alejada de las corruptelas de la Policía Federal, la Guardia Nacional desplegaría decenas de miles de agentes por todo México y la violencia caería. Esa era al menos la idea. En seis meses, aseguró el presidente, los resultados se notarían.

Un año más tarde, la situación es sin embargo igual o peor. Los programas sociales de López Obrador funcionan desde hace meses, igual que la Guardia Nacional, pero los resultados no llegan. Y lo que es más preocupante, el aparato de seguridad demuestra una falta de coordinación alarmante. Las críticas al secretario de seguridad, Alfonso Durazo, han sido durísimas y continuas estos meses, sobre todo desde los enfrentamientos de Culiacán, cuando un grupo de élite del Ejército trató de atrapar a Ovidio Guzmán, al parecer sin avisar a sus superiores. Y luego también a partir de la matanza de tres mujeres y seis niños de la comunidad mormona Langford-LeBarón en noviembre, entre Sonora y Chihuahua.

Para el historiador Froylán Enciso, “lo que mostró Culiacán y después LeBarón es que Durazo es un mediador entre diferentes grupos de administradores de la política de seguridad, que tienen diferentes niveles de resistencia al cambio y diferentes posiciones políticas. O sea, no hay un grupo unificado llevando a cabo política de seguridad, hay una coalición de muchos personajes”… MÁS EN EL PAÍS.

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