“Es sumamente grave que donde se debe administrar justicia, se esté viviendo la injusticia”, expresó el diputado Juan Manuel Molina García (MORENA) al proponer un punto de acuerdo dirigido a los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial, así como al Director de Issstecali, para que se solucione la problemática que aqueja a trabajadores de este último.
El Pleno de la Asamblea Legislativa de Baja California aprobó por unanimidad dicha propuesta que enumera los problemas que afecta a los trabajadores de esta instancia, entre los que está la falta de entrega de las cuotas a Issstecali, pese a que ya les fueron retenidas; la carencia de insumos de trabajo, como lo son papelería, hojas, material de limpieza y hasta papel sanitario, así como la nula entrega de los descuentos vía nómina a los proveedores de servicio con los cuales tiene convenios dicho Poder, lo cual ha redundado en atraso de pagos de servicios y entrada al Buró de Crédito de muchos trabajadores, no obstante habérseles hecho el descuento.
El legislador local también señaló la falta de entrega de estímulos y bonos de reconocimiento de antigüedad a trabajadores, como regularmente se había hecho, dijo el presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la Vigésima Tercera Legislatura local.
“Es sumamente grave que donde se debe administrar justicia, se esté viviendo la injusticia, máxime cuando es por demás sabido que el gobierno ha gastado recursos de manera indebida e inclusive los ha puesto en riesgo, y cuando los magistrados del Poder Judicial fueron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación a demandar para ellos un Haber de Retiro, y el día de hoy no sean capaces de velar por la estabilidad y seguridad de sus propios trabajadores”, expresó Molina García.
Por último, refirió que es un hecho que la administración de justicia en Baja California pasa por una severa crisis financiera, lo cual ha redundado a la fecha en una afectación directa en el servicio prestado a los justiciables, y ello no precisamente por la falta de voluntad de los funcionarios que prestan el servicio a los ciudadanos, aseguró el legislador, sino que, al igual que los maestros del Estado, se han visto afectados en la provisión de insumos para realizar su trabajo, pero lo más grave, en su salario y demás prestaciones que les concede la Ley.
