Mexicali, Baja California.- Los cobros millonarios que el Gobierno del Estado realiza contra empresas acusadas de aguachicoleras se volverán en un mediano plazo una carga a las saturadas arcas del Estado, advirtió Francisco Javier Sánchez Pérez, presidente sección Baja California de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade), quien acompañó al bloque empresarial de Mexicali en su no rotundo a los cobros injustos por parte del organismo operador del agua.
Acompañado por dirigentes de organismos empresariales en la capital de Baja California, el litigante explicó que los cobros que realiza la autoridad estatal por medio de los organismos operadores del agua incurren en varias irregularidades, por lo que casi cualquier recurso legal que se promueva contra ellos resultará a favor de las empresas y tarde o temprano el gobierno tendrá que retribuir los recursos que se obtuvieron de esos pagos.
Los juicios de amparo como los que se han promovido contra estos cobros y cortes del servicio de agua tardan en resolverse entre uno y tres años, por lo que los procedimientos que resulten a favor de los usuarios comerciales afectados serán pagados por la siguiente administración estatal, detalló.
En su momento, la administración en turno tendrá que responder si es que los usuarios comerciales que ganen esos amparos deciden que se les regrese el dinero que ya pagaron, ya que muchos de los afectados con cortes de agua entubada aceptan pagar para que se les restablezca el servicio pero aún así han decidido ampararse.
Sánchez Pérez agregó que no necesariamente los usuarios comerciales optarán por la retribución económica y buscarán otra forma para ser resarcidos. Para los que sí, el gobierno estatal deberá tener una bolsa que garantice ese pago.
Entre los aspectos que el abogado explicó se violentan con estos cobros y cortes de servicio están el Derecho de Audiencia, el cual es imposible de cubrir ya que los cortes se hacen sin notificación de por medio, como lo marca la ley.
El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, José Holguín; el presidente de la ANADE, Francisco Javier Sánchez Pérez; el dirigente de Coparmex Mexicali, Octavio Sandoval; el presidente de Canacintra, Alberto Sánchez, y el presidente de INDEX Mexicali, Joaquín Jiménez Arriaga.
Por su parte, Alberto Sánchez, presidente en Mexicali de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dio a conocer que tan solo en dicha agrupación hay más de 200 empresas afectadas, y casi 100 de ellas ya promovieron un amparo contra la medida.
Apuntó que en la capital del estado se han recaudado aproximadamente 1 mil 200 millones de pesos en los cobros de agua, derivados de las auditorías de Fisamex, pero la meta que se sabe intenta alcanzar el gobierno que encabeza Jaime Bonilla es superior a los 5 mil millones de pesos. Esto significa que los cobros calificados como indebidos seguirán durante todo el año.
Octavio Sandoval López, presidente en la capital de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), expresó que quienes decidan reclamar legalmente contra las autoridades causantes de estas acciones tienen diez años para hacerlo ya que es el tiempo que permite la Ley de Responsabilidades Administrativas antes de que los hechos prescriban.
