Mexicali, Baja California.- Uno de los logros del Gobierno del Estado, más ensalzados por el propio gobernador Jaime Bonilla Valdez y su equipo, es el haber recuperado millones de pesos que debían las empresas de la entidad por diversos conceptos relacionados con el consumo y suministro de agua potable. Podría su administración pasar a la historia, pero no precisamente por esta recuperación, sino por haberle pagado a una empresa privada 400 millones de pesos por no hacer nada.
Les bautizó con el mote de aguachicoleros. Desde industrias hasta restaurantes tuvieron que desembolsar de un día para otro fuertes cantidades de dinero por adeudos que fueron “descubiertos” por la empresa Fisamex que se alió con la administración estatal para, a cambio de jugosas comisiones, cobrarle a los deudores so pena de cortarle el agua. Incluso en algunos casos, el corte llegó antes que la visita de los ajustadores.
Elvira, la encargada de un pequeño restaurante ubicado en Mexicali, cobrar lo justo por el consumo y sancionar a quien no lo haga, no es ilegal, pero aparecer de un día para otro con cobros de miles de pesos, es además de extraño, inhumano, sobre todo porque esos cobros les llegaron en el peor momento, cuando intentaban sostener los pagos a sus trabajadores resguardados durante la pandemia.
“Nos tomó por sorpresa a muchos. Varios mejor cerraron la cortina”.
El cobro por consumo de agua para negocios es muy elevado, y en lugar de apoyar al comerciante con plazos o convenios, los cobros y los cortes en los meses más difíciles fueron inflexibles, explica la emprendedora local.
Fueron algunos cuantos los que, como ella, sobrevivieron a esta etapa. Muchos otros no volvieron a abrir sus puertas.
Para el presidente de Coparmex Mexicali, Octavio Sandoval López, lo que el Gobernador actual busca con la estrepitosa municipalización de los organismos operadores del agua en Baja California, es evadir su responsabilidad al momento de tener que devolver el dinero cobrado de manera ilegal.
“Lo que están tratando de cubrir es el desfalco que van a tener las comisiones por las demandas que se interpusieron, pero sobre todo por los gastos que se incurrieron por el tema de Fisamex“, señala el dirigente.
Y es que desde marzo pasado, líderes del sector productivo ya estaban señalando los actos irregulares de la empresa Fisamex por los cuales hasta entonces ya había cobrado mil 200 millones de pesos a supuestos deudores.
Y lo más irregular de todo es que se le han pagado a esta empresa el 20% de lo cobrado, cifra que actualmente ronda en los 400 millones de pesos, pero sin que haya justificación para ello.
“Esa empresa no tienen empleados, no tiene personal, entonces ¿dónde está la materialidad y la justificación?”, cuestionó Sandoval López.
El dirigente asegura que el trabajo de cobranza lo hizo el propio personal de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali.
“Sabemos que el trabajo lo hizo el personal de las comisiones estatales y el personal sabe y me lo confirmó que ellos hacen el trabajo. Solamente Fisamex es un membrete”, afirmó.
De acuerdo a lo señalado por el Presidente de Coparmex Mexicali, sería una forma de desviar el dinero de las comisiones y en consecuencia, es una “papa caliente” que va a recibir la siguiente administración.
Y si los afectados por estos cobros comienzan a ganar los juicios que han interpuesto, el problema heredado por Bonilla Valdez podría ocasionar serias complicaciones financieras, ya sea a los ayuntamientos, o en su defecto, a la administración que encabezará Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien en unas semanas entrará en funciones.
Pero de llegar las sanciones, éstas no se limitarían a la devolución del dinero, sino también podría haber sanciones a quienes cometieron estas irregularidades, incluyendo a los titulares de Fisamex.
“Es evidente que de acuerdo con la ley de responsabilidades administrativas se configuraron delitos no nada más para los funcionarios públicos, sino también para las empresas particulares, pues por el hecho de prestar un servicio al gobierno, tiene la obligación de responder como una entidad gubernamental”, asentó Sandoval López.
La versión del gobernador Jaime Bonilla Valdez respecto a este señalamiento no se pudo obtener pues en su reciente visita se negó a atender a los medios de comunicación.
