MEXICALI. Empezó como una amenaza de bomba y terminó con el desalojo del plantón de trigueros que permanecía en el Centro Cívico de esta capital. Dos detenidos y al menos once intoxicados, el saldo. El Gobierno del Estado informó que el desalojo fue para proteger a los manifestantes de las altas temperaturas que se estarán registrando en estos días.
A la 1:00 de la tarde se reportó desde la central de emergencias una llamada que advertía de la presencia de un artefacto explosivo dentro del edificio del Poder Ejecutivo de Mexicali. Pasaron unos minutos para que elementos policiales -en su mayoría de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana- llegaran a atender la eventualidad, junto con bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, así como elementos del Ejército Mexicano.
Fue desalojado el edificio.
Pero el verdadero operativo inició dos horas después, cuando jefes policiacos les indicaron a los trigueros que tendrían que mover parte de la maquinaria que los trigueros que estaba cerca del edificio del Ejecutivo.
Fotos e información: Mauricio Higuera
Antes de que los trigueros procedieran a mover los pesados vehículos, en el perímetro aparecieron grúas de Arrastre Municipal, las cuales comenzaron a enganchar la maquinaria.
Los pocos trigueros que ahí estaban opusieron resistencia y hubo forcejeo con los agentes ataviados con equipo antimotín, quienes los superaban en número.
Uno a uno fueron movidos tractores, racas y salchichas con amoniaco del utilizado durante en el proceso de cultivo del trigo, mismos que estaban atravesados en la calzada Independencia y Paseo de los Héroes.
Los manifestantes fueron sometidos. Hubo dos detenidos que se resistieron a entregar su maquinaria. Quienes las movían con grúas y jalones las estaban dañando, gritaban.
Algunas personas al enterarse a través de transmisiiones en vivio por redes sociales, se presentaron en el lugar para expresar su apoyo a los trigueros. pero tampoco fueron escuchadas por los agentes que al pie de la letra ejecutaron el desalojo.
Un observador de la Comisión Estatal de Derechos Huamnos observaba las maniobras policiales.
Aunque los manifestantes decían estar ahí de forma pacífica y que habían atendido cada una de las peticiones del gobierno, los uniformados no se detuvieron.
Después se pesentó en el lugar el abogado Armando Salinas, quien intentó abogar por los trigueros, alegando con el encargado de la operación policial que se trataba de un operativo ilegal, pues no habían presentado en ningún momento alguna orden para desalojarlos.
Además, dijo, el hecho de que se hubieran llevado a los detenidos en un vehículo que no era una patrulla, era muy irregular y ponían en peligro la seguridad de los civiles.
En el lugar de los hechos ninguna autoridad presente quiso emitir una postura respecto al operativo. Indicaron que posteriormente se daría a conocer la versión oficial de estos hechos.
Uno de los momentos más tensos fue cuando comenzó a escapar gas amoniaco de una de las salchichas que estaban atravesadas en la calzada Independencia.
Desalojo fuer para protegerlos del calor: Catalino Zavala
La Coordinación Estatal de Protección Civil, el Ayuntamiento de Mexicali y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) retiraron unidades particulares que obstruían la avenida Independencia en el Centro Cívico de la ciudad, a través de un operativo de seguridad en presencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), para brindar seguridad a todas las personas, luego de una amenaza de bomba en los edificios de la zona.
El secretario general de Gobierno, Catalino Zavala Márquez explicó que la autoridad estatal busca proteger a las y los manifestantes que mantenían un plantón en la zona, pues con la llegada del verano se esperan temperaturas de más de 45 grados centígrados, lo que arriesga la salud de las personas.
Catalino Zavala Márquez, expresó que la permanencia o no del plantón ha demostrado no marcar la diferencia en el cumplimiento o no de los fines que persiguen, y garantizó mantener un diálogo abierto con los manifestantes.
Además, el titular de la secretaría de gobierno de Baja California lamentó las acciones violentas de los trigueros, como la apertura de válvulas para liberar gas amoniaco, que representó un riesgo a la integridad física de los manifestantes y ciudadanos en general.
Luego de esa acción, dos periodistas que cubrían los hechos y nueve agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, sufrieron intoxicación y fueron atendidos por personal de salud.
El estado de salud de dos elementos de la FESC se reporta como grave, dijo Zavala Marquez.
“En Baja California fomentamos y protegemos el derecho a expresarse y a manifestarse, y mantendremos el diálogo abierto, pero de ninguna manera podemos solapar acciones tendientes a poner en riesgo la vida de la población”, expresó Zavala Márquez.
Agregó que aunque se les ha permitido permanecer en la zona durante varias semanas, se debe respetar además del derecho a la seguridad y la salud, el derecho al libre tránsito.
Zavala Marquez recordó a la población que el gobierno del estado recientemente acordó con los trigueros apoyo financiero por tonelada, además de asistencia en el diálogo con el sector empresarial y el gobierno federal, para materializar los pagos extraordinarios demandados los manifestantes para alcanzar una cifra superior a la que actualmente se paga en el mercado por tonelada.
El funcionario estatal expresó que se mantendrá la plena disposición de diálogo de parte de la administración que encabeza la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, para atender sus peticiones, sin embargo, también se cuenta con la voluntad de salvaguardar los derechos de todas las personas.
Esta acción obligó a reporteros, manifestantes y policías a replegarse hacia el poniente. Dos reporteros y nueve policías tuvieron que ser atendidos, al resultar levemente intoxicados tras inhalar dicho gas.
A las 7:00 de la tarde de este mismo día, se concluyó el operativo de desalojo y comenzó a fluir el tránsito por la calzada Independencia, donde permanecían desde el pasado 19 de ebril, luego que no se les pudiera garantizar -entre indutriales y el gobierno- el costo mínimo de 8 mil pesos por toneada del grano. Advirtieron que analizarían qué acciones procederían a tomar, luego de este desalojo.
