Mexicali. Presiones por parte de integrantes del Congreso del Estado y “agentes” del Gobierno de Baja California recibieron los consejeros del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEE BC) para echar abajo la solicitud de referéndum contra los cambios constitucionales que facilitan la práctica del aborto en instituciones de salud pública en el estado, denunció la vocera del Consejo Estatal Vida y Familia, Marcela Vaquera.

Desde las escaleras de ingreso al edificio del Congreso del Estado, la activista aseveró que ellos tenían conocimiento de los votos de los consejeros previo a la sesión del IEE en la cual se determinó como improcedente la solicitud. Los votos le favorecerían a la realización del referéndum, pero a la hora la sesión las intenciones del voto cambiaron, afirmó.

“Tenemos detectadas muchas otras acciones incorrectas entre las cuales está que ellos (los consejeros) no pueden interpretar lo que dice la Suprema Corte (de Justicia de la Nación). Esta más allá de sus capacidades. Sabemos que los argumentos utilizados por ellos son los que MORENA les entregó por escrito, entonces ahí están violando el principio de imparcialidad”, expresó la entrevistada al referirse a las bases utilizadas entre los miembros del Consejo General del IEE para determinar la improcedencia del referéndum.

Debido a esta situación explicada, grupos opositores al aborto promoverán una queja administrativa contra los consejeros y una impugnación contra el dictamen donde se desecha la solicitud de dicho ejercicio de participación ciudadana.

El pasado 08 de abril el Consejo General del IEE BC determinó como trascendente el realizar un referéndum contra los cambios que en octubre del 2021 se aprobaron en las leyes de Salud, de Víctimas y al Código Penal del estado que facilitan la practica del aborto en instituciones de salud publica en Baja California. Sin embargo, los mismos consejeros determinaron como improcedente llevar a cabo el ejercicio debido a que viola derechos humanos de las mujeres de decidir sobre su cuerpo, determinado ya por los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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