CIUDAD DE MÉXICO. Por mayoría de 67 votos a favor y 48 en contra, el Senado de la República aprobó esta noche, en lo general y en lo particular, la eliminación de trece fideicomisos del Poder Judicial Federal, en una maratónica sesión de más de siete horas, donde legisladores a favor y en contra del dictamen argumentaron sus respectivos motivos.
A consecuencia de este decisión, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación anunció que se continuará el paro nacional que dio inicio el pasado 19 de octubre en todo el país, hasta al menos el próximo día 29.
De esta manera se aprobó la modificación de la Ley Orgánica del PJF para destinar los 15 mil millones de pesos de dichos fondos a programas que beneficien el Plan Nacional de Desarrollo. Esta misma noche se votó en lo particular la reserva del artículo 24 y los cinco transitorios.
Resaltaron ausencias en el bloque opositor, al momento de la discusión en lo general, de la virtual candidata presidencial Xóchitl Gálvez- quien después se sumó-, así como la de los senadores Carlos Aceves, del PRI; Eruviel Ávila, Alejandra Lagunes (PRI), Estrella Rojas Loreto (PAN), Alejandra León Gastelúm (MC), Ifigenia Martínez (Morena), Lucy Meza (Morena), Ernesto Pérez Astorga (Morena), Cecilia Sánchez García (Morena), Gonzalo Yáñez (PT) y el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, también del PT.
Llamó la atención la intervención de tres senadores morenistas quienes respaldaron a los trabajadores del Poder Judicial, al votar en contra del dictamen impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ellos fueron la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, Rafael Espino y Alejandro Rojas Díaz Durán.
Sánchez Cordero, señaló que en la extinción de al menos cinco fideicomisos atenta contra la autonomía del Poder Judicial y las conquistas laborales de los trabajadores.
“Son oficiales, secretarios de tribunales y juzgados, jueces, magistrados y defensores públicos, un total de 46 mil 931 trabajadores, capital humano altamente especializado, al que afectaremos gravemente si en el Senado desaparecemos todos los fideicomisos que administra el PJF”.
“Defender estos fideicomisos, adicionales al Fondo de Apoyo a la Administración Pública, es un tema de justicia, como también es un tema de justicia hacer un llamado al Poder Judicial, a que sus criterios valoren siempre los derechos de la ciudadanía y el progreso de la nación”, agregó.
Por su parte, Alejandro Rojas Díaz-Durán, califico como “mentira monumental” que los fideicomisos sean para pagar privilegios de los ministros de la SCJN. Subrayó que su labor en el Congreso es defender la Constitución y no obedecer instrucciones.
“Hay una mentira monumental: los ministros de la Corte no tienen una bolsa enorme al lado de su escritorio con una toga encima, con 15 mil millones para sacar el fajo de billetes y gastarlo. Estamos violando la Constitución al extinguir los fideicomisos del Poder Judicial…Yo vengo a defender encima de todo la Constitución, la ley, la justicia, la verdad. Yo milito en Morena y Morena también tiene que respetar la Constitución […] No podemos expropiar los recursos porque hay una Ley de Responsabilidades, la ley impide que pasen a la Tesorería de la Federación; estos dineros no pueden pasar del Poder Judicial al gobierno mexicano, es inconstitucional”, recalcó.
El único fideicomiso que se salva será el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, por un monto de 6 mil 103 millones.
De acuerdo a MORENA, el propósito de este recorte es acabar con los “privilegios” de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y con ello destinar los recuersos supestamente a obras públicas y programas sociales.
Legisladores morenistas argumentan que si otros poderes como el Ejecutivo y el Legislativo se han ajustado el cinturón, los ministros tienen que seguir el mismo ejemplo y “dejar de vivir como magnates”.
Sin embargo, la SCJN advirtió que esta iniciativa afectará los derechos laborales del personal operativo y no de los ministros, a quienes el presidente acusa de recibir 600 mil pesos al mes como salario.
El Sindicato de Trabajadores del PJF señaló que la iniciativa impacta de manera directa en la pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro de los agremiados, pese a que AMLO aseguró lo contrario.
Varios legisladores como Salomón Chertorivski, diputado de Movimiento Ciudadano (MC), así como algunos analistas, coinciden que esta iniciativa es una venganza de López Obrador hacia los ministros de la Suprema Corte.
Y es que en el último año, la Primera Sala le ha tumbado varias reformas aprobadas por los legisladores de la autollamada “Cuarta Transformación” (4T), como su “Plan B” de la reforma electoral; además de admitió a trámite 17 impugnaciones que se presentaron por la aprobación de 12 reformas aprobadas fast-track por parte del bloque oficialista, episodio conocido como “viernes negro” en el Senado de la República.
‘Vengo a defender a las y los trabajadores del Poder Judicial’
Destacó la intervención, durante la discusión en lo general, de la senadora Olga Sánchez Cordero Ávila, ex minstra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que se manifestó en contra de la propuesta de la bancada de MORENA.
“Vengo a defender un principio de republicanismo; el del a autonomía de los Poderes de la Unión para definir sus propias formas, tiempos y modos de administración”, afirmó desde la Máxima Tribuna de la Nación.
“Hoy vengo a defender a las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación ante la posible eliminación de algunos de los fideicomios que represantan parte de sus conquistas laborales. Que quede claro, no he venido a defender algún interés en particular.
Se trata, dijo, de 22 mil 800 oficiales judiciales, oficiales de partes, técnicos de videograbación, técnicos de servicios, intendentes y oficiales de seguridad, así como 11 mil 314 secretarias o secretarios de tribunal, de juzgado, directores de área, secretarias y secretarios de apoyo, administradores regionales y actuarios.
También incluyó a mil 721 juezas y jueces, magistrados, mil 211 defensores públicos, asesores jurídicos, que atienden a la población de menores ingresos y de menos recursos, todos ellos, “capital humano altamente especialziado al que afetaremnos gravemente si desaparecemos todos los fideicomisos que administra el Poder Judicial de la Federación”.
Anlaizó cada uno de los fideicomisos en cuestión en su intervención de poco más de 12 minutos, donde más que desaparecerlos, propuso incluso reforzarlos.
