Mexicali, Baja California.- La Comisión de Fiscalización del Gasto Público de la XXIV Legislatura del Congreso del Estado concluyó hoy el último paquete de dictámenes para completar la revisión, discusión y dictaminación de 96 cuentas públicas correspondientes a 2019, una de 2018 y otra de 2017; cumpliendo así, con las metas fijadas en su programa de trabajo aprobado el 26 de agosto presente mes y año para abatir el rezago recibido en materia de fiscalización de los recursos públicos que ejercen los entes de los gobiernos estatal y municipales.
En la sesión ordinaria, se pusieron a consideración de los integrantes de la citada comisión, los proyectos de Dictamen a las Cuentas públicas del ejercicio fiscal de 2019 de 14 entidades, de las cuales no fueron aprobadas las de once entes fiscalizados, que son el Instituto de Salud Pública del Estado de Baja California (ISESALUD), el Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado, el Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Mexicali (IMDECUF), el Instituto Municipal de
Arte y Cultura (IMAC TIJAUNA), el Instituto Municipal del Deporte de Tijuana (IMDET), el Organismo Municipal para la Observación del Sistema Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana (SITT), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tijuana (DIF), el Sistema de Transporte Municipal de Tecate (SITMUN), el Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito (COTUCO ROSARITO), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Playas de Rosarito (DIF ROSARITO) y el Consejo de Urbanización Municipal de Ensenada (CUME).
Entre las observaciones que se realizaron, por parte de la diputada Ang Hernández, presidenta de la comisión, principalmente en el tema de ISESALUD, informó que se dará seguimiento puntual tanto a la solventación de observaciones, como a las acciones que serán tomadas sobre la falta de aplicación de medidas o acciones para prevenir que el medicamento destinado a sus pacientes se entregue en tiempo y forma, encontrando medicamentos caducados en almacén por un monto de 41 millones 909mil 496 pesos.
Otra observación es el notorio incremento en el número de plazas, así como anticipos entregados a contratistas por obras de casi $200,000,000, a lo que el Auditor Superior del Estado, Jesús García Castro, informó que dichas observaciones tienen la categoría más alta en cuanto a daño patrimonial, por lo que será el área de investigación quienes determinarán si se entregará a la Fiscalía General del Estado o a la Secretaría de la Honestidad del Poder Ejecutivo, para la sanción correspondiente en caso de que no haya una solventación.
Asimismo, sólo se aprobaron las cuentas públicas del Régimen de Protección Social en Salud (REPSS), Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Baja California y del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado (CONALEP).
Como se ha mencionado antes, la diputada Ang Hernández ha dispuesto que las entidades fiscalizadas tienen la obligación de solventar todos y cada uno de los cuestionamientos planteados por la ASEBC, en ese sentido, precisamente, continúan los trabajos de fiscalización para garantizar cuentas claras y absoluta transparencia en el uso del dinero público por parte de entidades e instituciones públicas.
Los trabajos de la Comisión de Fiscalización han sido valorados, discutidos y en términos generales aprobados por el pleno del Congreso, en concordancia con los dictámenes de la Comisión, lo que ha permitido avanzar sustancialmente en trabajos legislativos de calidad y en tiempo récord.
“Estamos avanzando en materia de transparencia y rendición de cuentas, situación a la que nos comprometimos como representantes de las y los bajacalifornianos, de darle seguimiento y vigilar el correcto ejercicio del gasto público que llevan a cabo los entes gubernamentales. De acuerdo a esto, los responsables de las cuentas no aprobadas tendrán que someterse a las investigaciones administrativas que marca la Ley, de no cumplirse lo mencionado, corresponderá a la ASEBC, a cargo del contador Jesús García Castro, integrar las investigaciones correspondientes para efectos de determinar si existen o no elementos que den pauta a inicio de procedimientos administrativos”.
La presidenta de la Comisión, diputada Alejandra María Ang Hernández, ponderó los trabajos en esta instancia que la integran las diputadas María del Rocío Adame Muñoz (Secretaria), Amintha Guadalupe Briceño Cinco, Araceli Geraldo Núñez, Julia Andrea González Quiroz, Liliana Michel Sánchez Allende y los diputados Sergio Moctezuma Martínez López y Julio César Vázquez Castillo (vocales).
