Hugo Ruvalcaba.
Por lo menos en los últimos cinco años, hemos sido testigos en Mexicali y en Baja California, del alza en la saña y grado de brutalidad con que se cometen los asesinatos en contra de mujeres.
Cada determinado tiempo, nos sorprendemos cada vez más del nivel de violencia que se da en este aspecto, pero lo más preocupante, la impunidad con que se cometen este tipo de actos.
Y es que las autoridades de la PGJE y judiciales podrán argumentar que han encarcelado a decenas de asesinos de mujeres. Sin embargo el punto no es ese. El detalle es que en gran parte de esos casos, los crímenes pudieron prevenirse, pues el victimario era la pareja o ex pareja sentimental.
Lo más increíble es que en Baja California existe todo un andamiaje jurídico que no debería permitir que esas situaciones se presente. Desde la famosa Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, hasta la tipificación del feminicidio como un delito grave. Sin dejar de lado que hay mesas interinstitucionales sobre violencia a la mujer, protocolos para manejar estos casos, una Ley de Víctimas y demás, tal pareciera que sólo son figuras decorativas más no instrumentos.
El problema en Mexicali y en Baja California no es entonces de Leyes sino de aplicación de las mismas. Pero además, no hay un compromiso real de los funcionarios ni funcionarias de atender de fondo estos temas. Asimismo, no ha habido la sensibilización ni la voluntad para capacitar a quienes manejan estos casos en la cotidianidad, dígase policías, ministerios públicos, jueces, entre otros.
A colación de esto sale el caso de la señora María Luisa, brutalmente asesinada en días pasados por su esposo. A pesar de que denunció en repetidas ocasiones la violencia que sufría, no halló eco en sus peticiones. El día de su fallecimiento, como todos sabemos, a pesar de que hubo llamadas al 911, las unidades tardaron una eternidad en arribar.
Pero no es el único caso y tal pareciera, de acuerdo a los testimonios de muchas mujeres, que es el pan de cada día en nuestra ciudad y nuestro estado. Días atrás entrevistamos a una mujer de nombre Martha y residente de Mexicali. Separada de su pareja desde hace 5 años, ha vivido un infierno, pues tienen hijos en común. Cada que el sujeto busca ver a los menores, es un calvario para ella, que ha recibido golpizas y amenazas de muerte.
Cansada de esta situación, el pasado mes de abril interpuso una denuncia penal después de que éste sujeto fue y la golpeó en rostro y costillas. A pesar de que exigió una orden de restricción, no se la dieron. Además, el ministerio público y los médicos de la PGJE fueron indolentes al momento de la denuncia.
Posterior a ello, el tipo volvió a buscarla para agredirla. En esta ocasión le rompió la puerta de su casa, apedreó su vehículo y le amenazó de muerte. Igualmente puso denuncia penal y no volvió a pasar nada.
Una tercera vez, hace un par de semanas, al no hallar a Martha, el sujeto hirió con arma blanca en cara y pecho al hermano de ésta. De igual forma hay denuncia penal, pero el victimario sigue libre.
Tal pareciera que las leyes están listas para actuar una vez que la víctima fue asesinada.
El próximo Congreso y los gobiernos municipales entrantes, donde habrá mayoría de mujeres, tienen la gran oportunidad de hacer algo por este terrible y lacerante tema. De lo contrario, continuará la impunidad, más hogares se llenarán de tragedia, y el tejido social se romperá cada día más.
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